ALGUNOS PROBLEMAS DEL ESTADO AUTONÓMICO ESPAÑOL

PROCESO DE REINVENCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL
EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

ALGUNOS PROBLEMAS DEL ESTADO AUTONÓMICO

Cuando los constituyentes del 78 cuadraron la unidad nacional con el reconocimiento de la autonomía de las naciones y regiones, pusieron en marcha una dinámica que, creo, no esperarían nunca que pudiera desembocar en estos resultados:

Una reducción drástica del tamaño de la Administración del Estado que impide a este cualquier ejercicio de cohesión. No es posible establecer estrategias de inversión en las personas (el error ciclópeo de transferir la educación y la sanidad), ni tampoco en ordenación del territorio; costas, aguas, energía, residuos. Todo esto se resuelve en un ambiente, la mayoría de las veces, caciquil, localista y de corto alcance, tanto de miras como de enfoque al progreso de la sociedad.

Multiplicación descomunal de organismos públicos, en todas las modalidades posibles, que en muchos casos se solaparan en diferentes niveles. Según la Fundación UPyD esto nos cuesta la friolera de 26.000 millones de euros, el 24% del PIB (posiblemente exageran). Hemos llegado a crear más de un ente público por semana y comunidad autónoma. Actualmente disfrutamos de cerca de 2.000, que prácticamente han laminado la presencia de la AGE. Es evidente que es imposible que no existan duplicidades y que, al mismo tiempo, es palmario deducir que es también imposible ejercer los controles del estado sobre la gestión autonómica.

Ruptura del mercado único nacional, de facto se dan barreras a la libre circulación de personas y de mercancías, a causa de la multitud de organismos, de legislaciones, de trámites, de idiomas, de directrices políticas. Es inaceptable el coste que supone para los ciudadanos y las empresas que cada año se publiquen en torno a 650.000 páginas de boletines oficiales autonómicos, 14 veces más que el BOE, 140 más que Alemania y 700 veces más que Estados Unidos; también parece irracional.

La tendencia de las CCAA hacia la replicación de los servicios del estado ha multiplicado los costes, especialmente los laborales. El personal de las CCAA, en los seis últimos años ha crecido en torno al 30%. Es cierto que en el estado ha sido del 65%, concentrado básicamente en cuerpos de seguridad. La cifra final de sumar todos los empleados del sector público español, ronda la cifra de 3 millones.

Aunque los datos de funcionarios por cada 1000 habitantes colocan a España por detrás de los principales países europeos, el coste de personal en relación con el gasto total, ofrece un panorama muy distinto. Frente a nuestro 26%, tenemos el 24% de Francia, el 23% de G.B. y el muy razonable 16% de Alemania. Es decir gastamos por encima de nuestras posibilidades.

Finalmente, cabe mencionar otro terreno sensible, la autonomía total en el gasto permite que muchas CCAA ofrezcan servicios y prestaciones alegales, que sólo se podrían justificar electoralmente, mientras que permanentemente acuden al gobierno central en su infinita demanda de financiación.

En este escenario no se pueden medir objetivamente ni los resultados ni, por ende, la eficiencia de las comunidades autónomas.